Janeth arellano

 Uno de los aspectos más relevantes de la reforma al artículo 3o constitucional promulgada el 15 de mayo de 2019 es la eliminación de la evaluación del desempeño docente y, con ello, la posibilidad de cese laboral para los maestros y las maestras sin resultado favorable. Durante el proceso legis- lativo, todos los grupos parlamentarios se mani- festaron a favor de eliminar esta disposición.

Desde una perspectiva más amplia, la nueva reforma constitucional significa el abandono de un aspecto que definió a la promulgada en 2013: la centralidad que se otorgaba a la evaluación docente, pues mediante ella —y solo con ella— se esperaba lograr una serie de objetivos de diferente índole, como colocar en las aulas a los mejores maestros, identificar sus necesidades de actualización, erradicar prácticas corruptas en el ingreso y la promoción, y, en suma, mejorar la calidad de la educación.

Como puede apreciarse en este reporte, buena parte de los elementos de la reforma 2019 se orientan hacia el fortalecimiento de la prác-

tica docente. Evidentemente este propósito se concretará —en mayor o menor medida— tanto en las leyes secundarias como en el diseño e implementación de las políticas educativas que se deriven de ellas. En este sentido es impor- tante recordar —y en lo posible, evitar— algunas características de la reforma 2013 que influ- yeron de manera negativa en sus resultados, y que han sido señalados en estudios anteriores.1 Entre estos factores interesa destacar tres:

El establecimiento de plazos muy cortos para la creación y puesta en marcha de nuevos organismos o la reformulación de los existentes.